REDACCIÓN |
La vivienda es una de las mayores preocupaciones de muchas personas y que ha sido objeto de debate en los últimos años en España. La nueva ley de vivienda, entró en vigor el 26 de mayo, salvo en lo referente a los cambios en los incentivos fiscales en IRPF para el arrendador de vivienda, que entra en vigor el 1 de enero de 2024. La ley tiene como objetivo mejorar la situación de los inquilinos y favorecer el acceso a una vivienda digna. En este artículo, analizaremos los principales aspectos de esta ley, desde el impulso a la vivienda pública hasta la protección contra los desahucios, pasando por la limitación del precio del alquiler, las mejoras en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios y el pago de los honorarios.
1.Los objetivos de la nueva ley de vivienda
La nueva ley de vivienda tiene como objetivo principal mejorar el acceso a una vivienda digna y adecuada, especialmente para aquellos grupos más vulnerables como los jóvenes, las personas mayores y las personas con bajos ingresos. También busca fomentar el alquiler como una alternativa real a la compra de vivienda y promover la vivienda pública como una solución para las personas con menos recursos. Además, la ley establece medidas para combatir la especulación y el abuso en los precios del alquiler, así como para proteger a los inquilinos frente a los desahucios injustos. En definitiva, la nueva ley de vivienda pretende equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.
2.Impulso a la vivienda pública
Otro de los objetivos principales de la nueva ley de vivienda es impulsar la vivienda pública como una solución para las personas con menos recursos. Con este fin, se establece la obligación de destinar un porcentaje de las viviendas de nueva construcción a vivienda social, así como la creación de un registro estatal de vivienda social que permita conocer la oferta y la demanda de este tipo de viviendas en todo el territorio. También se establecen medidas para facilitar el acceso a la vivienda pública, como la eliminación de barreras administrativas y la posibilidad de que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda social de forma preferente. En definitiva, la nueva ley de vivienda pretende garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos con menos recursos.
3.Límites al precio del alquiler
La nueva ley de vivienda establece límites al precio del alquiler en aquellas zonas donde se haya producido un aumento abusivo de los precios. En concreto, se establece que el precio del alquiler no podrá superar el índice de referencia de precios de alquiler, que se calculará en función de la zona, la superficie y las características de la vivienda. Este índice se actualizará anualmente y servirá de referencia para los contratos de alquiler de viviendas. Además, se establecen medidas para evitar la subida de precios abusiva en los contratos de alquiler, como la obligación de comunicar el precio anterior del alquiler y la prohibición de exigir garantías adicionales.
- Beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido
- Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción del alquiler
- Incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024
- A partir de 2025, nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC que evite incrementos desproporcionados en la renta
En las zonas declaradas como tensionadas:
- posibilidad de prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato
- en nuevos contratos a nuevos inquilinos, limitación del alquiler a la renta del contrato anterior
- posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años
Asimismo, se establece la posibilidad de aprobar sistemas de índices de precios de referencia por ámbitos territoriales estableciendo una base de datos de contratos de alquiler para realizar seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
En definitiva, la nueva ley de vivienda pretende proteger a los inquilinos frente a los precios abusivos y garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.
4.Mejoras en las relaciones entre arrendador y arrendatario
La nueva ley de vivienda también establece mejoras en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios. En este sentido, se establece la obligación de realizar un inventario detallado de los bienes que se entregan con la vivienda, así como la obligación de realizar reparaciones y mantenimiento necesarios para garantizar el buen estado de la vivienda. . En definitiva, la nueva ley de vivienda busca equilibrar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.
5.Protección contra desahucios con la nueva ley de alquiler
La nueva ley de vivienda también establece medidas para proteger a los inquilinos frente a los desahucios injustos. En este sentido, se establece la obligación de que el propietario informe al inquilino con 4 meses de antelación de su intención de recuperar la vivienda para uso propio o para su venta. Además, se establecen medidas para garantizar que los desahucios se produzcan de forma justa y respetando los derechos de los inquilinos, como la obligación de que la vivienda esté en condiciones adecuadas para su uso o la posibilidad de que el inquilino pueda recuperar la vivienda en un plazo de 1 año en caso de que el propietario no la haya ocupado. En definitiva, la nueva ley de vivienda pretende garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos y proteger a los inquilinos frente a los desahucios injustos.
6.Nueva definición de gran propietario y vivienda vacía
La nueva ley de vivienda establece una nueva definición de gran propietario y vivienda vacía con el objetivo de combatir la especulación y fomentar el alquiler. En concreto, se considerará gran propietario a aquel, que siendo persona física o empresa, sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial. Por otro lado, se considerará vivienda vacía aquella que no haya sido habitada durante un plazo superior a 2 años. Para combatir esta situación, se establecen medidas para incentivar el alquiler de estas viviendas, como la posibilidad de establecer un recargo en el IBI o la posibilidad de expropiar estas viviendas en caso de necesidad. En definitiva, la nueva ley de vivienda pretende fomentar el alquiler y combatir la especulación inmobiliaria mediante la definición de gran propietario y vivienda vacía.
7.¿Quién paga los honorarios en alquileres?
La nueva ley de vivienda establece que los honorarios de las agencias inmobiliarias en los alquileres de larga temporada serán a cargo del arrendador, aún siendo el arrendador un propietario particular (no persona jurídica o empresa). De esta forma, se busca evitar que los inquilinos tengan que asumir los costes derivados de la intermediación inmobiliaria en los contratos de alquiler de larga temporada, lo que en muchos casos supone una carga económica importante. Además, se establecen medidas para evitar los abusos por parte de las agencias inmobiliarias, como la obligación de publicar los precios de los servicios de intermediación o la prohibición de exigir garantías adicionales a los inquilinos. En definitiva, la nueva ley de vivienda busca proteger a los inquilinos frente a los abusos y garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.
En resumen, la nueva ley de vivienda pretende garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos con menos recursos. Para ello, establece medidas para fomentar el alquiler, proteger a los inquilinos frente a los desahucios injustos y combatir la especulación inmobiliaria, entre otras. En definitiva, se trata de una ley que busca equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos.