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¿Qué es la Plusvalía Municipal?

El Impuesto Municipal sobre Plusvalías es un impuesto local que los ayuntamientos españoles exigen a los propietarios de viviendas que venden sus inmuebles por un precio superior al que pagaron al comprarlo. Se trata de un gravamen que se calcula sobre el incremento del valor del terreno entre el momento de la adquisición y el de la venta.

Este impuesto pagado por el vendedor, se calcula en base al aumento de valor que ha experimentado el bien durante el tiempo que se ha poseído. El importe de la Plusvalía Municipal puede variar entre municipios y, por lo tanto, es recomendable consultar con la administración local para conocer el importe exacto antes de realizar la venta, y así poder tener en cuenta uno de los gastos a los que tiene que hacer frente el vendedor. Este impuesto se aplica a la propiedad cuando se transmite, no solo en caso de venta, si no también si se realiza una donación, herencia (sucesión) o cualquier otra forma.

Este impuesto está regulado por el artículo 108 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y se aplica a la transmisión de bienes inmuebles, como terrenos, edificios y viviendas, aunque no se aplica a los bienes relacionados con la agricultura, la ganadería o la explotación forestal.

La plusvalía municipal de Málaga se puede calcular a través de la web de la página del Ayuntamiento de Málaga (pudiendo comprobar online cuál es el método más beneficioso para el vendedor del bien inmueble) incluso se puede pagar online a través de la página web.

En 2023, la plusvalía municipal se incrementará en un 4%. Esta medida afectará a todos los propietarios de bienes inmuebles, quienes tendrán que pagar un impuesto adicional cuando vendan sus bienes. Se estima que esta medida generará unos ingresos adicionales de alrededor de 2.000 millones de euros para los ayuntamientos españoles.

Además de lo anterior, en 2023 se esperan otras novedades fiscales relacionadas con la venta de vivienda. Entre ellas destaca el hecho de que el gobierno ha anunciado un plan para eliminar las bonificaciones fiscales actuales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD). Asimismo, se introducirán nuevos mecanismos para evitar la evasión fiscal y se flexibilizarán los plazos de presentación de las declaraciones correspondientes a este impuesto.

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